El desvío de fondos de Estados Unidos del combate al narcotráfico a la lucha antinsurgente en Colombia intensificará la guerra civil en esa nación latinoamericana, advirtieron organizaciones no gubernamentales (ONG) de ambos países.
Una coalición que agrupa a varias ONG estadounidenses y la Asociación de Afrocolombianos Desplazados de la guerra civil exhortó a los ciudadanos estadounidenses a presionar a Washington para que deje de financiar luchas contrainsurgentes y respalde el desarrollo económico y social.
Convertir la guerra antidrogas en una guerra antiterrorista sólo agravará el conflicto en Colombia. Sólo significará más armas, más matanzas y más sufrimiento de nuestro pueblo, dijo Victoria Maldonado, cofundadora de la organización de derechos humanos Colombia Media Project, con sede en Nueva York.
La organización realizó un foro el miércoles, un día antes de la presentación de un informe sobre la guerrilla colombiana por la Comisión de Relaciones Internacionales de la cámara baja del Congreso (legislativo) estadounidense.
Según la comisión, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron entrenadas por organizaciones terroristas de Irlanda del Norte, Irán, Cuba y posiblemente España.
El informe fue presentado después que el presidente George W. Bush propusiera utilizar fondos originalmente destinados a combatir el narcotráfico en Colombia para apoyar sus operaciones contra grupos revolucionarios que Washington considera terroristas.
Colombia es el tercer país receptor de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto, con un aporte de 535 millones de dólares anuales para la lucha antidrogas, señaló el Centre for International Policy (CIP, Centro de Política Internacional), que supervisa la ayuda militar a América Latina.
El fin de las restricciones que impedían al gobierno de Colombia usar el dinero contra las drogas para combatir a los insurgentes le permitirá respaldar aún más a las fuerzas paramilitares, lo cual llevará a más violaciones de los derechos humanos, advirtió Ingrid Vaicius, investigadora asociada de CIP.
Hay señales claras de que el gobierno de Bush intentará aumentar la ayuda militar a Colombia para respaldar su campaña antiterrorista, dijo Vaicius a IPS.
Para las comunidades colombianas desplazadas masivamente por el conflicto armado en su país, que ya lleva más de cuatro décadas, la situación es especialmente alarmante.
Hemos sido blanco militar de todos los grupos armados, dijo Marino Córdoba, presidente de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, quien huyó de Colombia en febrero tras escapar de dos intentos de asesinato, y solicitó asilo político en Estados Unidos.
Según Córdoba, casi la mitad de los dos millones de desplazados de la guerra civil en Colombia son de origen africano.
Los negros colombianos constituyen 26 por ciento de la población, de 40 millones, y la mayoría vive en áreas de la costa del océano Pacífico, una región de muchos recursos forestales y minerales.
El desplazamiento masivo de población negra de las áreas costeras del Pacífico es el resultado de las operaciones de paramilitares respaldados por las fuerzas del gobierno, que actúan para defender los intereses de compañías instaladas en la región, explicó Córdoba.
Una ley de 1993 otorgó a las comunidades afrocolombianas el derecho a títulos colectivos de propiedad de la tierra. En 1996, dijo Córdoba, fuerzas paramilitares comenzaron a atacar a comunidades negras justo cuando comenzaban a entregarse los primeros títulos colectivos.
Es un mito de los medios que hayamos sido desplazados a causa del conflicto entre los paramilitares y la guerrilla. Fueron los paramilitares que vinieron y tomaron nuestra tierra, relató el activista.
Las milicias perpetraron una masacre en el noroccidental poblado de Riosucio, donde vivía Córdoba.
Los que lograron escapar se instalaron en las septentrionales ciudades de Bogotá, la capital, Medellín y Cartagena, pero al no encontrar trabajo terminaron viviendo en condiciones desesperadas, incapaces de pescar o cultivar alimentos para sus familias.
Tenemos los títulos de propiedad de la tierra, pero la tierra nos ha sido arrebatada. No podemos volver mientras los paramilitares continúen allí, dijo Córdoba.
Además de las FARC, la principal organización guerrillera, operan en Colombia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo insurgente, y las paramilitares de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). (FIN/IPS/tra-en/rr/aa/lp/mlm/hd ip/02
